viernes, 17 de febrero de 2012

Las cambios en España son un suicidio científico

La investigadora española Amaya Moro Martín, investigadora Ramón y Cajal en el CSIC, ha publicado una carta en Nature en la que alerta del suicidio científico que representa la actitud del nuevo gobienro español (y del anterior) ante la ciencia. Esta es una traducción apresurada de la carta

Los cambios en España son un suicidio científico

España ya no tiene un Ministerio de Ciencia. A finales de 2011, el nuevo gobierno transfirió las competencias científicas nacionales al Ministerio de Economía y Competitividad, algo para lo que este ministerio no parece muy adecuado. La Ciencia era un añadido indeseable que absorbía más de la mitad del recorte de 1083 millones de euros (US $1,438 millones) asignado al ministerio. Esto es una alarmante señal de los sacrificios que la ciencia deberá afrontar cuando el gobierno apruebe el mes próximo los presupuestos de 2012.

Esta es la primera vez que las palabras “ciencia” o “investigación” no aparecen en la denominación de algún departamento ministerial de alto nivel. No es solo un cambio simbólico, sino que continúa la tendencia de nuestro país, de minar y minusvalorar deliberadamente la ciencia.

La línea oficial es clara: la ciencia no es una prioridad en España. Naturalmente que hay estos inmersos en una crisis económica y que se necesitan medidas de austeridad. Sin embargo, las medidas draconianas e irracionales del gobierno, causarán a largo plazo daños a la infraestructura científica y enviarán mensajes contradictorios a los demás países y a los inversores. Aunque su retórica promete una economía basada en el conocimiento, cada paso que da va en la dirección opuesta. Los resultados serán una economía de "saber prestado" con escasos conocimientos técnicos propios.

Los problemas no comenzaron con el nuevo gobierno: la administración anterior intentó aprobar un kafkiano proyecto de ley para las universidades públicas, que habría creado un sistema de evaluación de méritos en el que se disminuía el peso asignado a la investigación y a la transferencia tecnológica. El proyecto proponía el que los sindicatos negociaran los criterios para la promoción, haciendo las carreras académicas “más previsibles e igualitarias”. Habría supuesto el fin de la meritocracia. El proyecto habría hinchado la burocracia a un nivel tal que hubiera amenazado con aplastar a cualquier administración universitaria.

El anterior gobierno también se opuso a los intentos de crear un genuino sistema tipo ‘tenure-track’ * para los investigadores de las universidades y laboratorios nacionales, al considerar ese modelo como anticonstitucional ya que el acceso a la función pública debería ser “igualitario”, por lo que los trabajos estables no deberían estar reservados a los investigadores inmersos en el ‘tenure-track’ . Esto es consecuencia de una actitu estrecha de miras que considera que todos los investigadores en el sector público deben ser funcionarios y. a la vez. que la función pública no es adecuada para las actividades investigadoras.

España suele jactarse de que tiene un sistema equivalente al ‘tenure-track’ : el programa Ramón y Cajal. Iniciado en 2011, es el único programa a escala nacional que ha logrado atraer y mantener investigadores altamente cualificados tanto españoles como extranjeros. Sin embargo, los drásticos recortes sufridos en los últimos tres años y la congelación de contrataciones anunciada para este año, acabarán con esta primera tentativa de construir un programa de ‘tenure-track’ . Las perspectivas son tan sombrías que a pesar de estar impacientes por volver a España, algunos de mis colegas españoles en los Estados Unidos están rechazando plazas Ramón y Cajal.

La congelación de contrataciones es suicida. No se reemplazará a los investigadores que se jubilen. Al contrario que muchos de sus vecinos, España tiene una industria científico-tecnológica muy limitada que no es capaz de absorber trabajadores, por lo que los científicos entre 20-40 años no tendrán otra opción que irse si quieren continuar su carrera. El país se enfrentará a una fuga de cerebros multigeneracional, con las correspondientes pérdidas en innovación, inspiración y credibilidad. El daño causado por esta decisión podrá tardar décadas en ser remediado.

El nuevo gobierno está pisoteando a fondo las esperanzas que tenían los investigadores españoles para el futuro. La legislación en puertas podría haber mejorado la situación, pero el gobierno ha cerrado de repente y sin explicaciones, las dos comisiones de política científica – una en el Senado y otra en el Congreso- que hubieran liderado el proceso en esta legislatura.

La legislación permite financiar universidades y centros de investigación privados, desarrollar una nueva estrategia científico-tecnológica y crear una genuina agencia nacional de investigación con un presupuesto multianual. Necesitamos urgentemente un sistema así en España, donde las impredecibles fluctuaciones anuales de los presupuestos hacen imposible la planificación a medio y largo plazo. La estrategia es crucial si España quiere coordinar las cada vez más anárquicas 18 políticas científicas, resultantes de los 17 gobiernos autonómicos y del gobierno central, e introducir un sistema más inteligente, de arriba para abajo, para atajar los problemas nacionales.

España debe poner sus inversiones en ciencia y tecnología (1,39% del PIB) en línea con los estándares europeos (2%) y acercarse al objetivo del 3% marcado por la Estrategia de Lisboa del Consejo Europeo de 2010. Necesita también un consejo científico, similar al Wissenschaftsrat alemán formado mayoritariamente por científicos elegidos por la comunidad científica, que marque la estrategia nacional en ciencia y tecnología.

La situación española se resume en el cartel de una reciente superproducción de Hollywood: “No hay plan, no hay respaldo, no hay elección. Misión: Imposible. Protocolo Fantasma” La ciencia española no puede permitirse protocolos fantasmales. Sin estrategia no hay plan, y sin una agencia científica nacional bien financiada y apolítica, no hay respaldo. El resultado deja a la investigación en España con una misión imposible.

* Tenure-track. Sistema de carrera universitaria en el que se garantiza estabilidad laboral a los investigadores durante un periodo de tiempo, al final del cual tienen que superar una serie de evaluaciones antes de obtener un puesto permanente.

El original en inglés de la carta puede lerrse en Nature 482, 277 (16 February 2012)  doi:10.1038/482277a

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